(IIS/UCR, 2021) Fernández Vásquez, Daniel; Araya Meneses, Ana María; Mora, Raquel; Artavia Tencio, Andrés
Al igual que en nuestro informe sobre el 2020 (Fernández y Araya, 2021) y por razones obvias, es necesario en el contexto actual referirnos, aunque sea de forma breve a la pandemia por la COVID-19. Tras casi dos años de emergencia sanitaria, es posible hablar de un sostenimiento en las diferentes problemáticas y tensiones que se ubican a partir de los registros de acciones colectivas.
Como se ha mencionado en nuestros informes anteriores, la mayoría de problemáticas y conflictos registrados no son consecuencia directa de la pandemia, sino más bien de las diferentes políticas estructurales y modelos de desarrollo establecidos en el país. En este sentido es quizá un hallazgo importante el hecho de que, las diferentes restricciones no parecen tener un impacto directo en las escaladas que se presentan en los conflictos registrados desde el OCAC5. Sumado a esto, podemos señalar que el 2021 ha presentado una conflictividad y organización muy similar al 2020. Con una diferencia de tan solo 25 acciones menos (5%) en el 2021 que en el 2020.
Finalmente, y antes de entrar a la presentación de los datos registrados desde el OCAC, se hace vital señalar que, una mirada desde las acciones colectivas puede indicar que la pandemia no ha generado mayores cambios a nivel de conflictividad social ni en las diversas dinámicas de explotación, agresión y vulneración de derechos que se demandan desde las comunidades. Sin embargo, trabajos y diálogos como los realizados en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios y el realizado por Rodríguez y Gu (2021), nos muestran importantes implicaciones a nivel psicosocial, familiar, laboral (con una especial sobrecarga hacia las mujeres en labores domésticas y de cuido), de educación y en la organización comunitaria. Por lo que es importante mantener esto presente al leer este informe.
