El no en perspectiva

Abstract

En los primeros años del nuevo milenio, sobresale la lucha contra el TLC con los Estados Unidos (2004-2007), por su carácter masivo, sostenido en el tiempo, extendido en el territorio y, sobre todo, tan diverso en su composición política y social. En la lucha contra el TLC , a pesar de esta diversidad organizativa, en términos de clase social, destaca un claro predominio de capas medias, de alta escolaridad, gran parte de ellas profesionales y vinculadas al sector público. Las dirigencias y activistas protagonistas de la lucha contra el TLC fueron, en su mayoría, personas que se beneficiaron de los procesos de habilitación ciudadana de las décadas anteriores, especialmente las anteriores a la ola neoliberal que se instauró gradualmente a partir de la década del ochenta Tanto la lucha contra el TLC como el combo del ICE que son luchas de principios de este siglo tiene en común dos ejes de lucha el debilitamiento de instituciones estatales y la pérdida de soberanía tienen como referente o idea de “nación” la defensa de instituciones del Estado, especialmente algunas muy emblemáticas como el ICE y la CCSS, que en ambas luchas fueron defendidas por sus logros a la vez que se destacaba que se basaban en la solidaridad. El ICE se asociaba a la integración del territorio nacional y a la incorporación universal de la ciudadanía a través de la electricidad y las telecomunicaciones, aun de pueblos pequeños y remotos. La CCSS se asocia con la protección colectiva frente a los riesgos de la enfermedad y la vejez. En ambos casos, la propiedad y administración privada se visualizan como amenaza, pues implican la eliminación de mecanismos redistributivos que protegen de la exclusión a quienes tienen poca o ninguna posibilidad de pago. Una tercera similitud es la oposición entre ciudadanía y clase política, que tiene al menos dos aristas. Una de ellas es la corrupción, el visualizar a los políticos como quienes se aprovechan de su vínculo con el Estado para enriquecerse. Sin embargo, en el paso a las urnas, el movimiento de oposición al TLC fue forzado a aceptar imposiciones: la mediación de los partidos políticos y someterse al mandato del Tribunal Supremo de Elecciones. La mediación de los partidos era molesta para una parte importante del movimiento del NO que reivindicaba la política fuera de los partidos y que tenía imágenes predominantemente negativas de políticos y partidos. Supuso además una complicación adicional para el movimiento del NO, debido a que varios partidos tenían un sector con el SÍ y otro con el NO. Por su parte, el TSE emitió resoluciones que fueron muy cuestionadas y generaron indignación en el movimiento del NO. Estas imposiciones se sumaron a una competencia profundamente desigual. La ausencia de financiamiento estatal y la autorización para que gobierno y presidente de la república participaran en la campaña, acentuaron además la asimetría de recursos económicos y de poder. En estas condiciones, el camino de la institucionalización al que apostó el sector de la dirigencia del NO cercano al PAC no produjo resultados legítimos para una parte importante de los dirigentes y activistas. Fue cuestionada la imparcialidad del TSE, no solo por la dirigencia, sino que, en general, por la ciudadanía

El conflicto se institucionalizó, pero a costa de bloquear una oportunidad de democratizar la democracia. El referendo del 7 de octubre del 2007 aportó una salida aceptada como legal para aprobar el TLC, pero con un proceder que no fue legítimo por la enorme asimetría en los recursos de las partes y por la percepción de que el TSE había sido parcial a la parte más poderosa. Han pasado diez años y no ha habido ninguna otra consulta nacional. El ejercicio de la democracia directa que generó entusiasmo en la ciudadanía desde tiempos del combo ICE, que luego se expresaron en la participación en el referendo, a través de la movilización de miles de voluntarios del NO y a través de la asistencia a las urnas, defraudó las expectativas. Por ello, sin cambios en las reglas para asegurar que las partes de la decisión tengan igual acceso a recursos económicos y mediáticos es poco probable que la ciudadanía impulse otro referendo. El canal de democratización de la democracia, que se abrió con el referendo del 2007, también se bloqueó debido a la forma que se reguló. Fue una oportunidad perdida. Ojalá tengamos otra.